Desde septiembre de 2015 todos los Estados de Naciones adquirieron un firme compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este contexto, la INTOSAI ha reconocido la importancia de la Agenda 2030 y ha incluido los ODS como una prioridad estratégica, haciendo un llamado para contribuir con este seguimiento y revisión de los ODS específicos a cada nación y EFS en particular.

El desafío que plantea el ODS 1 es fundamental para cada sociedad y más aún para aquellas que históricamente han acumulado severos rezagos que impactan a la población en su conjunto y que además se acentúan entre poblaciones particularmente vulnerables, como las mujeres y la niñez; a lo que se sumó la pandemia COVID 10 como un elemento disruptivo y de gran impacto en la realidad social y económica de nuestras naciones.

Según datos de las Naciones unidas, a nivel global, el número de personas que viven en extrema pobreza disminuyo de un 36% en 1990 hasta un 10% en 2015. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio esta disminuyendo y la crisis Covid-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza. La situación actual llega al punto en el que más de 700 millones de personas, o sea el 10% de la población mundial, aún vive en situación de extrema pobreza al día de hoy con dificultades para satisfacer necesidades más básicas como la salud, educación, el acceso al agua y saneamiento. En el contexto latinoamericano esta situación no es menos preocupante. Según datos de la CEPAL, como consecuencia de la crisis sanitaria y prolongada de la pandemia, la tasa de pobreza extrema en AL habría aumentado del 13.1 en 2020 al 13.8 en 2021 es un retroceso de 27 años. Mientras que se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido del 33% al 32.1% de la población. 

Previsiblemente, esta grave situación se ha manifestado con mucha más fuerza en aquellos sectores de la población históricamente menos favorecidos: en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez. Asimismo, al examinar distintos índices, se constató un aumento en la desigualdad. 

Claramente el objetivo planteado en la Agenda 2030 para eliminar la pobreza resulta un desafío titánico para las naciones y con mucha más razón cuando esa condición ha sido potenciada por una crisis sanitaria, que detonó a su vez una crisis sin precedentes en el mercado laboral.  Según la CEPAL, en AL la pérdida de empleo y la reducción De ingresos laborales ocurridos durante la pandemia han afectado especialmente a los estratos de menores ingresos. Esta situación se evidenció en notorias caídas de la ocupación y participación laboral, que se tradujeron en aumentos históricos en la desocupación, que afectaron en mayor medida a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal y de bajos ingresos. Como muy bien señala ONU MUJERES, los hogares monoparentales encabezados por mujeres son propensos a experimentar pobreza económica y en algunos contextos estigma y discriminación, a lo que se suman los casos de población migrante y embarazos adolescentes entre mujeres de bajos ingresos; lo que termina incidiendo en reproducir pobreza y la falta de oportunidades de una generación a la otra. 

Ante una realidad humana y social tan compleja, la misma Organización de Naciones Unidas ha hecho un llamado para que desde la acción estatal no solo se mitigue la situación de pobreza, sino que se reivindique los derechos más elementales de las poblaciones más vulnerables y particularmente, las mujeres. 

Como ha planteado la INTOSAI y ha correspondido la OLACEFS, las EFS también tenemos un particular llamado para aportar al alcance los Objetivos de la Agenda 2030, más en un contexto como el mencionado.  CEPAL ha informado que los flujos financieros destinados a la mitigación de la pandemia entre las personas más pobres fueron enormes: solo en los últimos 10 meses de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los países para mitigar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89.700millones de dólares, mientras que los primeros meses del 2021 el gasto para estas medidas fue de la mitad (45.300. 000).

 Ante tal volumen de recursos la responsabilidad del control superior cobra particular protagonismo. De ahí la importancia de activar todos los esfuerzos posibles para constatar la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la oportunidad en el uso de estos recursos. Queda claro que, en el contexto actual, el desarrollo de auditorías de desempeño por parte de las EFS de la región en torno al cumplimiento del ODS 1. 

En este ejercicio de fiscalización, se ayudaría a potenciar oportunamente el desarrollo de acciones concretas por parte de diversos países de la región en pro del cumplimiento de las metas establecidas para esta temática en la Agenda 2030. En este sentido, cabe destacar que actualmente en el marco de la OLACEFS se está desarrollando una auditoría coordinada con la participación de distintas EFS de nuestra región: auditoría que está enfocada en determinar, entre otros aspectos, si los organismos responsables implementaron diferentes acciones, entendidas como políticas, planes y programas, para alcanzar las metas asociadas al ODS 1 bajo la perspectiva transversal de género. Segundo, la forma en que se re- adecuaron los presupuestos para mitigar el impacto del COVID-19 en respuesta a la identificación de nuevos grupos vulnerables debido a la pandemia. Estas acciones de fiscalización procuran promover un manejo eficaz de los recursos destinados al cumplimiento del ODS 1, que adquiere especial relevancia tratándose de un tema de relevancia mundial. 

Los retos son enormes, no obstante, el entorno nos abre una valiosa oportunidad para abrir esfuerzos y brindar aportes concretos, incluso desde la fiscalización superior para incidir efectivamente en el bienestar de las personas.