En 2015 más de 190 países acordaron la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca, en forma simultánea, ampliar las libertades democráticas, asegurar la plena vigencia de los derechos humanos y lograr la sostenibilidad ambiental.

Nadie imaginó que pocos años después de establecer los ODS -una agenda ambiciosa, necesaria y loable- el mundo estaría afrontando el doble desafío adicional de sobrellevar las consecuencias de una pandemia y los efectos de una guerra.

La pandemia registró 550 millones de casos de COVID-19 en el mundo, con más de 6 millones de fallecidos. Mientras tanto, el Banco Mundial predice que la guerra en Ucrania va a producir este año 100 millones de personas que se sumarán al contingente de pobres.

Todo esto es la antesala de los temas que nos convocaron hoy en la sede central de la Auditoría General de la Nación donde tuvimos el honor de recibir a distinguidas autoridades de entidades de fiscalización superior de América del Sur para el 2do seminario internacional sobre pobreza y género, organizado por EFSUR.

Erradicar la pobreza extrema y lograr la igualdad de género son dos temas decisivos de la agenda de ODS, que se han visto particularmente afectados por la pandemia; más aún en los países de América Latina, donde el COVID-19 fue epicentro, con casi el 30% de los fallecidos.

Los impactos económicos también golpearon más fuertemente a nuestra región latinoamericana. La actividad económica disminuyó más que dos veces el promedio mundial. Nunca antes habíamos sufrido una caída igual.

Entre las consecuencias de la pandemia, está el aumento de la pobreza, con la suma  de 15 millones de personas al contingente de pobres del continente.

También hubo un impacto negativo sobre la dimensión género. Primero, porque uno de los sectores más afectados fue el de los servicios, donde las mujeres ocupan más lugares que los hombres. Además, con el confinamiento aumentaron los episodios de violencia doméstica. A esto se suma el cierre de las escuelas, en muchos casos a la par de la obligación de continuar las obligaciones laborales mediante el teletrabajo. Para la mujer el COVID en América Latina fue una tormenta perfecta.

El seminario es extremadamente pertinente dado el papel central de las entidades de fiscalización superior como controladoras de los recursos públicos, incluyendo especialmente la rendición de cuentas. La pandemia no puede ser una excusa para empobrecer esa rendición, sino que es al revés: a mayor emergencia, mayor necesidad de control.

La responsabilidad de nuestras entidades no sólo reviste esta dimensión republicana sino que también es atravesada por una dimensión humanística. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en un pronunciamiento reciente que para garantizar el cumplimiento y la vigencia de los derechos humanos, es condición necesaria la existencia del control.

La búsqueda de ampliación de derechos humanos y de una profundización de la calidad democrática, dio origen a los 17 ODS, incluyendo al ODS 1 (erradicar la pobreza extrema) y que –atravesado por la dimensión de genero (ODS 5) y por las consecuencias de la pandemia-, convoca a las entidades de fiscalización superior a ejercer el control con la máxima responsabilidad.

Este seminario internacional, que cierra una semana de trabajo de planificación de una auditoría regional sobre pobreza y género en la pandemia (ya hubo una específica sobre género), es un paso adecuado en este sentido.