El día 25 de septiembre se realizó en Barranquillas, Colombia, la XXXVII Asamblea Ordinaria Anual de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países de América del Sur (EFSUR). Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República de Colombia y contó con la participación de la Contralora General de la República de Chile y Presidencia de EFSUR, Dorothy Pérez Gutiérrez; y la Auditora General de la Nación de Argentina a cargo de la secretaría ejecutiva de EFSUR, María Graciela de la Rosa.

Además estuvieron presentes en la reunión el Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU-Brasil) Augusto Nardes; el Ministro del Tribunal de Cuentas de Uruguay, Darwin Machado; y a través de la modalidad virtual participó el Subcontralor General de la Contraloría General de la República de Paraguay, Augusto, José Félix Paiva. Además participaron representantes de las EFS de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Informe consolidado de auditorías coordinadas: ODS 1 y ODS 6

Entre los principales temas tratados por la Asamblea, se destacó la aprobación de dos auditorías coordinadas sobre los ODS de la Agenda 2030. Por un lado, el informe consolidado sobre el ODS 1 Fin de la pobreza, en el que se analizaron las políticas públicas implementadas por los Estados de la región, tendientes a cumplir el ODS 1, mitigar el impacto de la pandemia y reducir brechas de género, entre los años 2020 y 2021. Se analizaron dos metas específicas: ODS 1.2, que se refiere a las acciones para reducir la pobreza a la mitad, y ODS 1.3, que abarca las medidas de protección social.

Esta auditoría internacional se realizó con la participación de 12 entidades fiscalizadoras, y fue coordinada por la Auditoría General de la Nación Argentina (AGN. Dentro de los principales resultados del informe se destaca que los Estados realizaron ajustes al marco legal de las acciones asociadas con el logro de las metas ODS 1.2 y 1.3, dirigidas a ampliar las coberturas de programas existentes, adoptar nuevos programas, fortalecer ingresos y simplificar procesos. Por otra parte, los Estados también adecuaron sus presupuestos para mitigar el impacto de la pandemia, con el fin de asistir a la población más vulnerable. El 80% de los países analizados contemplaron a las mujeres entre las personas destinatarias de programas sociales, y adoptaron planes de transversalización del enfoque de género en los distintos ámbitos de las políticas públicas. 

En conclusión, las políticas de protección social fueron herramientas clave de los Estados para garantizar el bienestar y el ejercicio pleno de derechos sociales, económicos y políticos. Las medidas implementadas durante la emergencia social causada por la pandemia representaron una oportunidad para construir sistemas de protección social más sólidos, especialmente para los sectores más vulnerables y que incluyan una perspectiva de género.  

En relación a la auditoría coordinada sobre ODS 6 Agua limpia y saneamiento, el Informe tuvo el objeto de auditar la eficacia de los procesos (sistemas) y resultados parciales en las políticas de ampliación en redes de infraestructura, para alcanzar las metas ODS 6.1 (acceso universal y equitativo al agua potable) y 6.2  (acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos).

Este exámen internacional fue coordinado por la Contraloría General de Paraguay y contó con la participación de las EFS de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. La auditoría se estructuró considerando 4 ejes: Enfoque integrado de Gobierno, Redes de Agua y Saneamiento, Calidad del servicio, y equidad. Entre los principales resultados, se destacó que los países han ejecutado inversiones en agua limpia y saneamiento por debajo del nivel de gasto requerido para alcanzar sus metas 

Este informe de EFSUR muestra que, aunque la gestión relacionada con el ODS 6 avanza sin desvíos significativos, es necesario fortalecer el financiamiento público y aumentar la inversión en infraestructura para alcanzar las metas para 2030. Las áreas rurales presentan mayores desigualdades, por lo que se requiere mayor enfoque. Es esencial ajustar la gestión y resolver problemas técnicos y de gobernanza para garantizar el acceso universal al agua potable y saneamiento, en línea con la visión 2030.