Lic. Fernanda Raverta, Directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social
Formó parte de equipos técnicos, profesionales e interdisciplinarios entre los años 2000 y 2010 en la Secretaría de Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.
A comienzos del 2010 asumió la jefatura de la UDAI Puerto Mar del Plata, dependiente de la ANSES. Fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019. Y el 30 de abril de 2020 fue designada como directora de la Administración Nacional de Seguridad Social.
Soy una orgullosa trabajadora de un organismo que entendemos, es el corazón del Estado nacional, en relación a instrumentar políticas que por supuesto tienen que ver con definiciones políticas del Gobierno, pero en la instrumentación, en el abrazo del Estado de las familias argentinas, nos sentimos protagonistas y responsables. Bueno, quiero decir que hablo desde la gestión del organismo que administra mensualmente y prestacionalmente una cantidad de respuestas a los problemas de las familias argentinas.
Hay un lugar, un posicionamiento desde donde trabajamos en la gestión. Ustedes saben que a cada gobierno le corresponde un modelo económico, a cada gobierno le corresponde una política pública en relación a la Seguridad Social, un modelo de atención y de resolución de los problemas sociales.
Lo hacemos desde una perspectiva integral, basado en una perspectiva de Derechos Humanos, con un objetivo claro de promover la justicia social en la Argentina, pero también lo hacemos desde un lugar y de un alcance de masividad absolutamente importante y profundo, a lo largo y lo ancho del territorio nacional. Dialogamos prestacionalmente con 17 millones de argentinos y argentinas. Hablamos con cada una de las familias argentinas.
Ahí verán 7.4 millones de personas mayores, jubiladas y pensionadas, 4.4 millones de asignaciones familiares, asignaciones universales y asignaciones por hijo. En relación a los titulares y por supuesto, estamos hablando de más de 8 millones de niños y niñas, hablamos de madres embarazadas, trabajadores desempleados, trabajadores ocupados con salario familiar. Hablamos de 17 millones de familias a las que nos incorporamos en su vida cotidiana y en la resolución de su economía doméstica, mes a mes y por eso décimos que es el corazón del Estado nacional, porque además de transferir ingresos, recursos, además de invertir socialmente, ese presupuesto nacional lo hacemos desde un lugar de empatía, sabiendo que a cada familia le corresponde un instrumento diferente.
No podemos negar que las situaciones familiares que atraviesan las distintas familias argentinas son trayectos vitales absolutamente distintos. Por supuesto, partimos desde un lugar en donde la Argentina y en el mundo es reconocida, tiene un ejercicio de la Seguridad Social y un sistema previsional absolutamente equitativo e importante en relación a la distribución de ingreso a la redistribución de la riqueza, para nosotros la distribución del bienestar.
Para nosotros el compartir la felicidad, así lo decimos en el organismo, humanizamos esa transferencia de ingresos y lo hacemos a partir de esa vara que contamos con una historia, una historia, por ejemplo, que incluye que las mujeres argentinas, que no tienen 30 años de aportes, pueden acceder a una jubilación y en esa placa van a ver cómo el 74% de las jubiladas argentinas accedieron a sus prestaciones a partir de una moratoria. Moratorias vigentes a partir del 2004. Y en el 2014 dos leyes que permitieron que las argentinas se incorporen al sistema previsional aún con las desigualdades que ofrece el mercado formal de trabajo para las mujeres.
Aún las desigualdades en las que las mujeres nos posicionamos frente a los hombres a la hora de construir uno de los dos requisitos para acceder a una jubilación que son los años de aporte, además de la edad que es el otro requisito. También lo hacemos sabiendo que hace 12 años en la Argentina existe la asignación universal por hijo, un derecho absolutamente reparador de desigualdades de género. En las familias argentinas, quienes conducen las economías domésticas en los sectores populares, son exactamente las mujeres. El 94% de las titulares de la asignación universal por hijo en la Argentina son mujeres. Quiere decir que los chicos y las chicas de la Argentina tienen garantizado desde hace 12 años un plato de comida y la posibilidad de construir ámbitos familiares para poder alimentarse a partir de una prestación del organismo que tiene esta historia de reparación.
Porque ustedes saben que el organismo también otorgó ingresos a las familias de los asalariados, aquellos trabajadores, en su mayoría hombres, que tienen su salario y a partir de la integración de la asignación universal con el salario familiar, los chicos y las chicas de los trabajadores, y los hijos y las hijas del pueblo en general, aquellos que son hijos de trabajadores con salarios de aquellos que son hijos de trabajadores desocupados o informatizados, tienen que estar en el mismo pie de igualdad a la hora de tener una asignación que los mira, que los protege, que los abraza.
Por supuesto, este es el lugar de donde partimos. Pero cuando asumimos la responsabilidad de administrar este organismo en el contexto de contagios de la primera ola de COVID-19 en mayo del 2020, en donde la pandemia hacía estragos, y claramente los estragos que hacía la pandemia no eran solo en el plano subjetivo, no eran solo en el plano cultural, no eran solo en el plano de la salud.
También fueron en el plano económico y, sobre todo de esas economías que ponen en pie a las familias argentinas y sobre todo, a las familias que menos tienen. Y entonces ahí estuvo la decisión política de nuestro gobierno, del presidente de la nación para poder instrumentar una cantidad enorme de políticas públicas que permitieron abrazar a todos los argentinos que cuando decimos grandes impactos, grandes soluciones, cuando decimos grandes problemas, grandes emergencias, grandes crisis. Crisis humanitaria mundiales, Argentina de pie, proporcionando grandes soluciones y enorme, no sólo transferencia de ingresos, no sólo asignación presupuestaria, no solo erogación de una enorme cantidad de presupuesto, si no también, las resoluciones desde la inteligencia de un estado que puede garantizar que eso sea posible y desarrollado.
Ustedes saben, el ingreso familiar de emergencia (IFE), se otorgó a casi 9 millones de personas, en su mayoría fue para mujeres. También el bono de salud para trabajadoras y trabajadores de la salud que fueron reconocidos por un gobierno, por un Estado, que creía que además tenía que implementar una política de transferencia de ingresos. Porque decíamos que el reconocimiento no sólo tenía que ser en modo de homenaje a quienes ponían cuerpo en la primera línea de batalla, si no también en modo de reconocimiento económico, de refuerzo de ingresos.
Ayer fue el último día que seguimos pagando refuerzos de ingresos que tienen que ver con sostener la economía, que fue, por supuesto, golpeada durante los años de la pandemia en mayor intensidad. Créditos, ATP, REPRO: impusimos esos tres puntos que marcaba Mercedes. Ustedes fijense como las asignaciones presupuestarias fueron dirigidas hacia mujeres, salvo el bono de salud, y creo que tiene que ver con el componente de la enorme cantidad de enfermeras que tenemos en la Argentina, por suerte.
Pero el resto son recursos e ingresos informalizados, o refuerzos a personas que viven con ingresos informales. Por lo tanto, sostener a trabajadores y trabajadoras con el ATP, la transferencia de dinero para que la mitad del salario fuera una respuesta del Estado y del Gobierno, para además sostener a los empresarios argentinos y al sector privado de la Argentina con el REPRO.
Pero bueno, estoy hablando de ayudar. La enorme ayuda que generó nuestro gobierno tuvo como protagonistas a las mujeres. Dentro de este contexto, por supuesto, había que cumplir con este doble objetivo que tenemos como gobierno. Atravesar la crisis, superar la instancia de la mayor emergencia sanitaria de la que tenemos memoria todos los que estamos acá. Cualquier argentino y argentina no ha vivido nunca una cosa como la que vivimos durante la pandemia. Por lo tanto, había que construir soluciones, grandes soluciones.
Pero además, había que resolver un compromiso que habíamos asumido el 10 de diciembre, cuando asumimos el gobierno, que era no sostener la calidad de vida de los argentinos y argentinas, si no, mejorarla. Y para mejorarla, había que resolver que no se perdiera en un contexto de pandemia. Y había que resolver que pudiera mejorar el alcance de las políticas públicas para incorporar a más y más argentinos, mejorar los ingresos.
Nosotros siempre tenemos un doble objetivo en el organismo, mejorar el poder adquisitivo de los de las prestaciones, de los ingresos que nosotros mes a mes proporcionamos a las familias argentinas; y además mejorar el alcance. Porque veníamos de cuatro años del gobierno anterior, que no era una perspectiva de ampliación, sino una de reducción del alcance y del poder adquisitivo.
A eso había que resolverlo, también con medidas novedosas, porque también podemos cometer el error de pensar que nuestro gobierno no tuvo que asumir y atravesar una crisis, y por eso hizo un enorme esfuerzo, pero además se ocupó de resolver problemas que teníamos cuando llegó el 10 de Diciembre.
Y para eso se implementaron nuevas medidas. Cuando llegamos, encontramos a partir de nuestros trabajos, y nuestras tareas más académicas, que había hacia dentro del organismo una cobertura universal para los chicos y chicas de la argentina. Sin embargo, en la realidad ofrecía casi un millón de chicos y chicas sin prestación de asignaciones, sin cobertura, sin asignación universal, sin asignación familiar, sin la posibilidad de que sus padres produjeran de ganancias a esa carga familiar.
Entonces, el presidente de la Nación instrumentó una política a partir de la firma del decreto 840 (DNU) para que salgamos a buscar con un cambio normativo, con una búsqueda activa instrumental desde nuestro organismo, estos 970.000 nenes y nenas que ahora tienen la asignación universal y que en ese entonces no la tenía.
Se discutió en el congreso una nueva ley, que se llama “LEY DE 1000 DÍAS” que permitió equiparar los seis y nueve meses que tenían como diferentes tiempos, como temporalidad diferente las mujeres embarazadas que tenían trabajo, con la que no tenían. Entonces las asignaciones por embarazo pasarón a ser de nueve meses. Además de incorporar una nueva asignación universal los tres primeros años de vida, a una por año.
También la de una jubilación anticipada, que son trabajadores en actividad que han perdido su trabajo durante el gobierno anterior, pero que tienen los 30 años aportados, pero le faltan los años de edad para jubilarse. Porque claramente hablamos de una política que abraza aquellos que no vuelven a conseguir trabajo, porque son mayores para incorporarse al mercado formal de trabajo, pero que son jóvenes para jubilarse porque le falta la edad. Miren como esas personas que tienen los 30 años ya aportados, quiere decir, que en su vida han trabajado formalmente registrada, la mayoría no son mujeres, si no, varones.
El complemento al salario familiar. Nosotros decimos que en un momento atravesando la crisis económica, producto obviamente de la crisis sanitaria de la pandemia, tuvimos que echar luz sobre las situaciones de los que menos tienen, sino también de los trabajadores y trabajadoras registrados. Construimos un escenario de complemento al salario familiar, que desde el lugar de la seguridad social, puede incorporarse a la vida familiar y a la economía doméstica de las familias de los trabajadores registrados. Y por eso construimos un complemento, ese salario familiar para poder, más allá del aumento por paritarias, para que podamos desde la seguridad social incorporarnos el aumento de eso que habían perdido los trabajadores formales.
Una política que tiene una perspectiva de género muy profunda, que es el reconocimiento de aportes por tareas del cuidado, que obedece y es la síntesis de atravesar esto que es nuestra doble función. Atravesar la crisis y proponer cambios estructurales que permitan sostener respuestas. Que fue lo que vinimos a hacer el 10 de Diciembre del 2019, con total vocación de transformar la realidad.
No solo la coyuntura nos impone y nos genera la responsabilidad de dar soluciones enormes a los problemas que teníamos en la pandemia, sino además, hacer lo que vinimos a hacer. Y esa es la meta de esta política pública. También una visión del presidente de la Nación, a partir de la firma del decreto de necesidad y urgencia, que es el nuevo derecho que tienen las mujeres de registrar años de aporte por tareas del cuidado. Registrar años de aporte por cada hijo u hija, asumiendo en este doble desafío, poniendo sobre la mesa, después de la pandemia, el enorme tiempo que dedicamos las mujeres a las tareas domésticas, que claramente en la pandemia muchos se anoticiarón, pero que toda la vida en la Argentina fue así.
Con el enorme desafío de pensar que esta política en algunos años, tal vez mis hijas o mis nietas logren decir y preguntarse: ¿Por qué teníamos una política que reconocía los años de aportes para las mujeres, si las tareas domésticas, si los cuidados de los hijos, si lo que pasa adentro y el esfuerzo que hacemos las mujeres dentro de nuestro hogar tiene que ser compartido con los varones?
Hoy necesitamos reconocer estos años, porque hay mujeres que dedican ese tiempo a sus hijos y por lo tanto, esos años, no son aportados en la economía formal, y por lo tanto esos años no son registrados.
En ese tiempo, en la Argentina de mis hijas y el de mis nietas, el mercado formal de trabajo se va a ofrecer más equitativo para las mujeres y los varones. Y seguramente no vamos a tener los problemas de que las asignaciones de los trabajadores informalizados en su mayoría son para mujeres; y de los trabajadores formalizados en su mayoría son para los varones. Pero por ahora esto viene a cumplir una función en la reparación de la desigualdad que ofrece el mercado formal de trabajo. Por lo tanto, después en la incorporación del sistema previsional, cuando ya tenemos la edad de no ser población económicamente activa.
Y por último, contarles que se obtuvo media sanción en el Senado de la Nación de una ley absolutamente importante. Porque el de julio termina y deja de tener vigencia esas leyes de moratorias vigentes para poder acceder a una jubilación con años de aporte que no tuviste, y se discutió en el Congreso de la Nación, en el Senado, y se le dió media sanción para que hubiera la posibilidad de discutir en el congreso una ley de plan de pago de deuda previsional que permite seguir sosteniendo esos estándares de cobertura. Esa posibilidad que tiene la Argentina de demostrarse orgulloso ante el mundo, una Argentina que contiene a todos y todas en píe de igualdad, y que sigue teniendo las herramientas que necesitamos para poder alcanzar. Lo que hoy tenemos como el 94% de cobertura, sepamos que una de cada tres mujeres tienen 30 años de aportados, por lo tanto, es necesario pensar y compatibilizar un estado que siga garantizando en la enorme historia que tenemos de inclusión social y de inclusión previsional, que siga garantizando esos objetivos y esas metas.